EL DIARIO

Lunes, 24 de Abril del 2017

El Enorme Costo de la Burocracia Administrativa

Por Emilio Cárdenas, el 22 febrero, 2017

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Acabo de leer una noticia sorprendente. En los Estados Unidos el costo de cumplir con las reglamentaciones existentes para las empresas y las personas es de 4 trillones de dólares por año. Una enormidad. Pero la cuenta simplificada es todavía más llamativa. Cada norteamericano, niño o anciano, mujer o varón, alto o bajo, gordo o flaco, dedica 13.000 dólares por año a cumplir con los trámites que le exige la burocracia. Haciendo colas, llenando formularios y dando de comer al ineficiente sector público. Como recordatorio es útil. No sólo para el administrado. También para quien administra, que debe tener conciencia de que cada nuevo trámite tiene un alto costo económico y supone una pérdida inevitable de tiempo. Por esto, sólo aquellas reglamentaciones que son estrictamente necesarias debieran estar vigentes. Lo sobreabundante, no.

 

El nuevo gobierno de Perú acaba de crear un registro donde los administrados denuncian los trámites burocráticos que deben cumplir y que encarecen su producción. Nada se dice, sin embargo, de que luego de la denuncia alguno de esos trámites haya sido suprimido. Porque no basta conocerlos, desde que lo importante es otra cosa: eliminarlos.

 

Las reglamentaciones funcionan siempre a la manera de un impuesto adicional. Y son regresivas. Lo que quiere decir que castigan más a las personas y empresas de bajos ingresos, esto es a los pequeños y medianos emprendimientos.

 

Por lo demás, la burocracia tiene un efecto similar al de la inflación, desde que su costo termina siendo siempre trasladado a los precios. Aumentándolos, naturalmente.

 

El tema del “lavado del dinero”, por ejemplo, que adquiriera una dimensión superlativa a partir del ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York es un buen ejemplo del impacto adverso de las reglamentaciones. Que, en este caso, llenan de pavura a los funcionarios de las instituciones financieras, por las sanciones draconianas que corresponden a los incumplimientos. Desde el aumento de los requisitos burocráticos por esa razón, unas tres mil entidades financieras norteamericanas vieron su rentabilidad fuertemente perjudicada por ese sobrecosto y debieron o cerrar o fusionarse con otras entidades en busca de un mayor volumen que les permitiera afrontar el costo de las reglamentaciones.

 

En los Estados Unidos, desde la presidencia de Ronald Reagan, cada nueva reglamentación exige un análisis costo-beneficio previo, salvo en casos de urgencia, que para algunos burócratas son absolutamente todos. Un ejemplo reciente, que tiene que ver con las usinas proveedoras de energía, es aleccionador. Me refiero al establecimiento de estándares mínimos de contaminación del aire. Al imponerlos, el Estado norteamericano anunció beneficios anuales del orden de los 6 millones de dólares. Hoy, con ellos funcionando, el costo se ha multiplicado exponencialmente, realmente muy por encima de la referida estimación. ¿Quién paga esto? Obviamente, el consumidor.

 

El cuestionado presidente Donald Trump anunció, durante su campaña, un criterio singular para enfrentar este tema. La llamada “política del 2 x 1”, que supone que por cada nueva regulación o reglamentación, habrá de eliminar dos de las existentes. Como es evidente que no todas las reglamentaciones son comparables, me permito dudar de su posibilidad de implementación. Pero habrá que esperar antes de emitir un juicio definitivo.

 

Escribo todo esto cuando acabo de llenar una serie de planillas como productor argentino de trigo. Lo tuve que hacer a pesar de que el año fue duro, la sequía fuerte, y la productividad realmente baja. A la mediocridad de los resultados tuve que agregar el malhumor de llenar papeles que presumo no servirán para mucho, salvo para crear empleo a costa de la productividad de la economía, que es ciertamente una manera de atrasar al país, en términos relativos.

 

La conclusión es fácil. Sólo se justifican las reglamentaciones indispensables. Pero cuidado, la enorme mayoría de ellas no lo son. Tienen otros propósitos escondidos, como justificar empleos, aumentar el poder de los burócratas y generar información sobreabundante, trasladando siempre el costo a los productores de bienes o servicios. En esencia, la oportunidad para el disparate económico está allí, flotando, disponible. Y muchos la usan, pero no advierten que, al final, ellos también la pagan.

 

 

 

(*) Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.

 

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