Periódicamente, me siento obligado a repasar la situación de la enseñanza pública en el Uruguay. A pesar de tanto motivo de preocupación existente, no creo que haya otro de mayor importancia que éste; ni tampoco uno en que el futuro del país -que es lo mismo que decir el de todos sus habitantes- esté más comprometido.

Encontrar una relación de causa y efecto entre las políticas del Frente Amplio y la decadencia educativa no requiere mayor esfuerzo. En este terreno, la excusa de la “herencia maldita” no da lugar ni a una sospecha. No solamente es sabido que la izquierda vernácula se fue apoderando, poco a poco pero incesantemente, de todas las estructuras de la enseñanza pública, sino que sólo los muy desmemoriados pueden no recordar en qué medida el movimiento sindical y su brazo político (la coalición hoy gobernante) pusieron todas las trabas posibles a cuanta reforma tendiera, en los últimos tiempos procurar algún cambio positivo.

Un artículo del Profesor Manuel Flores Silva sobre este tema, publicado en la Revista “Arte y Diseño” de abril pasado, nos recordaba que en 1968, mientras quienes hoy nos gobiernan se habían abocado a la tarea de desmantelar por la vía violenta nuestras instituciones republicano democráticas, en Primaria había 388.046 alumnos. Cuarenta años después se habían reducido en casi 46.000. El año pasado, la Enseñanza Primaria pública perdió 8.000 alumnos más.  Unos 5.000 pasaron a la educación privada; los restantes, unos 3.000 si no erro en el cálculo, sencillamente habrán dejado de asistir a centro educativo alguno.

Un análisis global no permite más que confirmar el deterioro. La educación pública sumada a la privada, incluyendo la educación inicial, Primaria, Secundaria, Técnica y Docente, entre 2004 y 2010 se perdió en conjunto 23.000 alumnos. Pero, además, dos tercios de los estudiantes no culminan el ciclo secundario, porcentaje que nos coloca a la cola de muchos países iberoamericanos, no digamos ya europeos, asiáticos o norteamericanos.

Un discurso tan manido como envejecido, hasta convertirse en pieza de museo, repetía y aún lo hace, aquello de que la enseñanza no debía seguir ningún plan que tendiera a suministrar a los estudiantes alguna destreza que les permitiera desenvolverse en el mundo del trabajo. Ésas eran fórmulas deleznables “que procuraban generar proletarios a favor del perverso sistema capitalista”, mientras que desde la propia Universidad de la República, pasando por los institutos docentes de primaria y secundaria, la élite iluminada pregonaba que había que prepararlos para la revolución socialista. No es que invente o exagere, esas tesis están documentadas y fueron difundidas con tanto desparpajo como necedad. El resultado está a la vista. El factor de igualación social más eficiente y fecundo con que contó el Uruguay desde la reforma vareliana hasta mediados del Siglo XX, fue criminal y reaccionariamente desmontado. No es que sólo se haya generado pobreza -que por supuesto que también ocurrió-  sino algo mucho más grave, se engendró la marginalidad. Se dividió a la juventud en dos tipos de muchachos: los privilegiados que al terminar su formación pueden trabajar dignamente y los despojados de toda dote a quienes se abandonó a su suerte, condenándolos para siempre a una existencia miserable.

Hace ya muchos años que el Frente Amplio, desde la oposición primero y desde el gobierno desde el año 2005, centran la discusión del tema en lo presupuestal. Aumentar el gasto era, la prioridad exclusiva y excluyente. Como si por arte de magia, el aumento del gasto fuera a enmendar las carencias.

La ley educativa de la administración Vázquez no hizo sino embarrar aún más la cancha. El gobierno de las instituciones educativas fue cedido casi enteramente a los sindicatos. El educando dejó de ser el centro de preocupación de la enseñanza. Esto constituye una iniquidad insoportable y abona la más cruel de las inequidades. Casi uno de cada cinco jóvenes de entre 15 y 29 años no estudia ni trabaja.

La administración Mujica comenzó colmada de buenas intenciones y hasta propuso acuerdos interpartidarios que convirtieran el manejo de la educación pública en una verdadera política de estado. Los partidos de la oposición se apuraron a colaborar y se esforzaron con sus aportes. Transcurrieron los meses y ya van dos años lectivos absolutamente desperdiciados. El gobierno no cumplió su palabra. La enseñanza sigue a la deriva.

Los pobres y los marginados precisan de una intervención igualadora del Estado que rompa las inequidades iniciales. Pero el Estado es tan ineficiente; sus administradores designados por mérito político y en función de cuotas partidarias, están tan atrasados, que se sigue en una cuesta abajo que se intensifica cada día más.

Para la Rendición de Cuentas en trámite legal, el poder Ejecutivo optó por determinada inversión. Los corporativismos de la educación reclamaron inmediatamente más. Pero son incapaces de demostrar resultado alguno y, para peor, a veces ni siquiera han conseguido ejecutar las partidas presupuestales antes otorgadas.

El lector se preguntará si me limitaré a sumar lamentaciones y críticas. Deseo que no me ocurra, pero si no hay consciencia del desvarío, si no percibimos, antes que nada, que el rumbo es equivocado, poco podremos hacer por enderezar su orientación.

Para empezar por algo hay que reconocer que hay mucho que hacer. Luego debemos asumir que -por desgracia- probablemente no percibamos mejoras sustanciales hasta que no haya transcurrido al menos una generación. El atraso es demasiado grande.

La primera medida debería ser la de cumplir con las modestas iniciativas acordadas entre todos los partidos. La segunda  sería la de admitir que la enseñanza debe proveer habilidades y valores comunes. La tercera cuestión requiere el esfuerzo de todos a través de un Estado que en este asunto no puede ser neutro en modo alguno. La cuarta medida impone volver a colocar al educando en el centro de atención, terminando con el control que ejercen minorías sindicales de funcionarios y docentes que por muy legítimas que sean sus aspiraciones deberán encontrar mejor método de procurarlas que con medidas de huelgas y ocupaciones que siempre sancionan al alumno y, cuanto más débil, más perjudicado resulta.

Hay que volver a plantearse las escuelas y hasta los liceos de tiempo completo para aquellos estudiantes en entorno más crítico. Hay que fomentar que los mejores docentes sean destinados a los peores entornos, para romper ese círculo vicioso que ha determinado que los peores y los de mayor ausentismo sean dirigidos a quienes más necesitan de una educación disciplinada e intensa.

Ya hay mucho que hacer. Las propuestas no se agotan en lo invocado. Pero lo que no hay es tiempo que perder y cuanto antes se empiece con el cambio, más posibilidades habrá de que a todos nos vaya mejor.

Eugenio Baroffio Abadie