La Comisión de Constitución de Diputados  recibieron ayer a los ministros de Interior, Eduardo Bonomi, y de Industria, Roberto Kreimerman, y al sub secretario de Defensa, Jorge Menéndez, para dejar en claro que no se puede controlar el uso de tecnología para interceptar comunicaciones en manos privadas.

Los jerarcas del Ejecutivo fueron citados por el nacionalista Jaime Trobo  (UNA) ante sospechas planteadas por el diputado sobre escuchas telefónicas ilegales.

El tema provocó un intenso intercambio entre el diputado blanco y el ministro Bonomi, quien rechazó de plano dar datos sobre los procedimientos que se realizan y quiénes son las personas autorizadas para estas escuchas.

“Bajo ningún concepto transmitiré en público detalles que puedan servirle a delincuentes para saber con qué equipos contamos”, expresó el ministro, según indica hoy el diario Últimas Noticias. Bonomi considero que el planteo de Trobo era “bastante atrevido”.

De todos modos, el director nacional de Policía, Julio Guarteche, dio algunos detalles de los recursos con que se cuenta para realizar este tipo de actividades.

Las autoridades descartaron totalmente que a nivel estatal se realicen  escuchas o se intercepten  conversaciones por fuera de la normativa. Indicaron que el procedimiento es dar la orden por escrito, y debe ser autorizada por la Justicia.

Las escuchas oficiales se hacen a través de Antel y compañías de telefonía celular privada. Pese a eso, según dijo Trobo al diario Últimas Noticias, las autoridades admitieron que “algunas veces” la autorización se da en forma verbal.

Se dejó en claro que en nuestro país es  “relativamente fácil” acceder a la tecnología necesaria para interceptar comunicaciones. Sobre este punto el secretario de Industria expresó que en manos de privados hay dispositivos de este tipo y que el Estado no cuenta con los elementos de seguridad a nivel informático y telefónico para controlar.

“Estamos bastante atrasados”, reconoció. Incluso en Internet son accesibles programas informáticos para intervenir teléfonos y celulares. Sobre el punto, Bonomi señaló que en un evento oficial en Brasil alguien se le acercó y le ofreció venderle este tipo de equipos.

“Queda claro que el Gobierno no tiene capacidad para proteger la intimidad de las personas y la soberanía nacional”, indicó Trobo, quien rechazó la acusación del secretario de Estado.  “Mi inquietud es legítima”, expresó.