Afirmar que los dichos y actitudes de un Presidente de la República -aún reveladas en un ámbito no precisamente político- constituyen algo de relevancia, es una aseveración perogrullesca. Mediante ellos se expresan ideas, principios, propuestas, mociones, proyectos, iniciativas y -a veces- concreciones que nos incumben a todos.

Ya han sido tantas las veces que he debido prestar atención y comentar lo que expresa o hace el Presidente Mujica, que he llegado a pensar que el hartazgo que a mí me producen, también puede contagiarse al lector. Por ello, en más de una ocasión dejo pasar los disparates y omito todo comentario al respecto. Sin embargo, aunque últimamente me haya sentido obligado a referirme al tema con excesiva frecuencia, me veo impulsado, hoy, a volver a insistir.

Ya demasiada gravedad revistió aquel rosario de sandeces expresadas en el muy comentado, pero demasiado escasamente recordado, libro “Pepe Coloquios”, publicado previamente a las últimas elecciones. Ocurre que mucho más delicada es la inaceptable explicación con que se pretendió justificar -sin lograrlo, naturalmente- el atropello institucional en que incurrió el Uruguay, con complicidad de diverso grado, de otros gobiernos regionales, cuando se sancionó a la República del Paraguay y admitió, como miembro del Mercosur, a la Republiqueta poco Bolivariana y muy Chavista de Venezuela.-

Aludiendo a muchas afirmaciones de aquel libro, su correligionario el Presidente Vázquez, afirmó, sin ambages y con profundo malestar, que Mujica hacía declaraciones de “tipo personal, algunas marcadas por el programa del Frente Amplio y otras no“.-

“De estas últimas hay algunas que son compartibles y otras que no comparto, sobre todo aquellas que hace criticando a todo y a todos, a veces con una actitud pontifical, en un terreno filosofal quedando preso de muchas de estas expresiones, algunas de ellas que son simplemente estupideces que yo no comparto”, concluía el Dr. Vázquez.-

La actitud pontifical con que calificaba algunas de sus reflexiones, es esa misma a la que me he referido recientemente, cuando desde un pedestal que sólo él se atribuye y pocos le reconocen, dictaba cátedra acerca de la violencia instaurada en nuestra sociedad. Es que, aparentemente y sin el menor pudor, creía sentirse absolutamente ajeno y carente de responsabilidad, a pesar del turbio pasado que lo condena inexorablemente al deber de asumir la culpa de su lucha revolucionaria durante la primera mitad de su vida; todos hechos que supieron ser causa histórica de la destrucción de una actitud tolerante y pacífica que antes caracterizaba al país.-

La semana pasada, el Presidente Mujica sostuvo que “lo político superaba ampliamente lo jurídico”, queriendo significar que el estatuto del Mercosur imponía solemnidades jurídicas que era imprescindible superar o eludir, para adaptarlas a ciertas necesidades políticas circunstanciales, esto es, la supuesta “conveniencia” de admitir a Venezuela en el Mercosur.-

El horror que a cualquiera puede producir semejante afirmación que postula saltearse el Estado de Derecho cada vez que se anteponga a los fines políticos perseguidos, sólo es mensurable si lo comparamos con las expresiones del Decreto del 27 de junio de 1973, con que se dispuso la disolución del Parlamento y la instauración de un régimen de facto.-

Cada vez que la finalidad política lleve a alguien a pensar que, por buena que sea -y en este caso ni siquiera lo es- la causa, se justifica saltearse la Constitución y la ley (que no otra cosa son los tratados internacionales), se estará arguyendo en el mismo sentido y con los mismos pretextos de cualquier golpista, dispuesto a instaurar una dictadura.-

Para quienes -como buena parte del Frente Amplio- no se sonrojaron al negociar con los militares, en febrero de 1973, un golpe de estado, siempre y cuando éste les fuera ideológicamente afín, probablemente poco o nada sorprenda una declaración como la del Presidente.-

En muchos de ellos, sin embargo, aún aquellos que renegaban de la democracia, sus derechos y garantías “formales” o “burguesas” -una vez que padecieron el rigor de haberlas perdido- puede que aún subsista cierta capacidad de reacción que les recuerde que, como dijo alguna vez el propio Mario Benedetti, “en algún momento pensamos que lo peor era lo mejor y luego los hechos nos demostraron que lo peor era sencillamente lo peor” (citado de memoria con la convicción de que respeto el espíritu de sus dichos).-

A otros, probablemente la declaración y sus implicancias les pasen inadvertidas. Hay quien ha sostenido -con desparpajo- que de aquí al 31 de julio, fecha en que se habría de concretar el ingreso de Venezuela a la organización regional, todavía habrá tiempo de encontrar la fórmula jurídica que permita revestir de cierta prolija legalidad, lo actuado. Algo semejante sostuvo la Senadora Constanza Moreira en reciente polémica televisada con el Senador Lacalle. Un jugueteo tal con la ley y el derecho, me resulta tan peligroso como inaceptable, aunque no haga sino exhibir descarnadamente cuál es la triste, hipócrita y criminal forma de razonar de buena parte de nuestra izquierda.-

Por eso es que traigo a colación aquel decreto del 27 de junio de 1973, porque, aunque disimulado tras un ropaje jurídico que le supo dar el Dr. Álvaro Pacheco Seré (su reconocido autor de acuerdo con los protagonistas de la época), no se alcanzaba ni siquiera a disimular cuanto, en definitiva, representaba: la elusión del Estado de Derecho y la instauración de una dictadura que duró 11 años.-

Señor Presidente de la República, esta vez, sus expresiones no representan “simplemente estupideces”, como le echaba en cara el Dr. Vázquez. Su tesis es la expresión más clara y contundente de que el respeto por el Estado de Derecho no está en absoluto entre sus preocupaciones y que el viraje que quiso hacernos creer que pegó desde sus orígenes guerrilleros hasta la fecha, no puede sino haber sido uno de 360º. En el fondo, sigue pensando como hace 45 años por más que pretenda disimularlo. Igual que lo hace la primera dama, aunque sin disimulo alguno en su caso. E igual que muchos de los integrantes de “su barra”, pero en contradicción con la mayoría de los uruguayos, aún aquellos que lo han votado.-

No vaya nadie a creer que esas ideas no tienen nada que ver con un hecho que, a pesar de haber sido noticia la semana pasada, ha pasado casi inadvertido para la opinión pública. Es que el 50% de la ciudadanía aprobaría la peligrosa teoría de que la acción policial actuara aún por fuera de la ley para garantizar la captura de los delincuentes, de acuerdo con un estudio del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales.-

De la simple estupidez, se pasa con facilidad a la expresión y defensa de tesis extremadamente peligrosas y antidemocráticas.-

Se nos impone un mayúsculo alerta. Y que nada ni nadie nos encuentre distraídos.-