Acusaciones de tramar “juicio político”
Por Ana De Salvo (anasalvo@eldiario.com.uy) | Jueves, 5 de julio del 2012
El oficialismo está convencido que blancos y colorados preparan acción de inconstitucionalidad contra José Mujica; esta es la conclusión a la que llegaron los integrantes del partido de Gobierno, al discutir en sala como asunto político lo actuado por el Gobierno en la última Cumbre del Mercosur, donde se dio la integración de Venezuela al bloque económico mientras se suspendía a Paraguay de sus derechos plenos.
Para los colorados, la adhesión del país caribeño dentro del Mercosur no tiene validez sin la ratificación de los cinco países miembros, cosa que Paraguay no ha hecho. El senador Germán Cardoso de Vamos Uruguay, afirmo al diario Ultimas Noticias que el Protocolo de Adhesión debe ser refrendado, y que si Uruguay insiste en permitir el ingreso venezolano sin cumplir con esta etapa previa, tanto el presidente Mujica como el canciller Almagro están violando los artículos 85 y 168 de la Constitución.
Este es un tratado distinto, por lo tanto deberá ser aprobado nuevamente por el Poder Legislativo”. De no ser así, dijo que Mujica y Almagro “deberán enfrentar las responsabilidades”.
Mientras que el Gobierno insiste en el carácter temporal de la adhesión de Venezuela al Mercosur, el legislador Cardoso presentó documentos de la cancillería argentina donde se asegura que el ingreso venezolano es definitivo y permanente, y que la decisión del presidente uruguayo se dio previo asesoramiento “por juristas brasileños y argentinos” que indicaron que la decisión “cumple estrictamente con los tratados del Mercosur y las legislaciones de cada país”.
Dadas estas circunstancias, el FA entiende que hay una clara voluntad de juicio político al presidente por parte de la oposición. “Díganlo clarito. Siguen los pasos de sus amigos paraguayos”, señaló Aníbal Pereyra (MPP). Por su parte Doreen Ibarra (Fidel) aseguró que “el presidente cuenta con el respaldo absoluto de la bancada”.
En esta instancia, el oficialismo evitó las formas jurídicas y puso en la palestra lo que calificó como el “golpe de Estado” contra Lugo, en el supuesto de que “legalidad no siempre significa moralidad”, según Carlos Gamou (Cap-L).
El silencio de los legisladores pertenecientes al Frente Líber Seregni no hizo más que evidenciar las diferencias ya expresadas por su líder, el vicepresidente Danilo Astori..
La oposición en bloque (colorados, blancos e independientes) le solicitó a Astori que “como presidente de la Asamblea General, exija al titular de otro poder del Estado que cumpla con la Constitución y con los marcos legales vigentes en los acuerdos internacionales”.
En el seno del partido nacional, el legislador Jaime Trobo (UNA) declaró que se pedirá la creación de una Comisión Investigadora que estudie el contenido de las reuniones de los cancilleres de la Unasur, incluido el uruguayo Luis Almagro, en las que presionaron al Senado paraguayo para dar marcha atrás con el juicio a Lugo.
“Si esto es así, sería una absoluta vergüenza para el país”, advirtió. A su juicio, “los beneficios obtenidos a costa de la dignidad son perjuicios. Lo que hizo el Gobierno fue una traición a Paraguay”, dijo a ese medio.
En tanto, Daniel Radío (PI) cuestionó la presencia en estas condiciones “de una estrella más en el firmamento mercosuriano” al marcar que el FA “define a los golpes de Estado según le convenga”.




