Esta semana el ministro de  Transporte, Enrique Pintado, se suma a la lista de secretarios de Estado en la mira de la oposición parlamentaria, junto con Luis Almagro y Eduardo Bonomi.

Días pasados el canciller compareció dos veces ante el Parlamento para responder  sobre su desempeño frente a las denuncias de coimas de funcionarios de su entorno  en el proceso de licitación del Canal Martin García. La oposición considera que su gestión ya no es confiable, pues entienden que no defiende los intereses nacionales frente a las presiones argentinas.

Existe una denuncia por  “falsificación ideológica” contra Almagro por autorizar viajes al exterior al ex director del Instituto Artigas cuando ya no ocupaba ese cargo; a pesar de ello, el FA trabó la conformación de una comisión investigadora, por entender que se podría ver afectada la negociación para la obra del dragado.

En el caso de Eduardo Bonomi, tuvo que escuchar la semana pasada cómo toda la oposición se unió para decirle que su gestión “no da para más”. Si bien la moción de censura no prosperó en el Parlamento, fueron 46 los legisladores que piden su remoción del ministerio desde hace varios meses.

El ministro de Transporte se enfrentará en las próximas horas al cuestionamiento de blancos y colorados sobre el acuerdo firmado para la salida de Leadgate del consorcio de Pluna, considerado como “muy peligroso” por la oposición. Pedro Bordaberry cuestionó que el Estado renuncie “sin antes hacer una due dilligence (similar a auditoría) para saber qué hizo” el consorcio en su gestión.

Por otro lado, los nacionalistas expresaron que “tendrán que decirle al país qué han hecho con los dineros públicos. Estas decisiones comprometen a todos”, según declaraciones de  Jorge Larrañaga al diario  Ultimas Noticias, y agregó  que el Estado “no puede renunciar a juicios contra un accionista de una empresa de la cual es propietario“.

El líder de AN aseguró que el presidente José Mujica debe ser “el primer interesado” en que se investigue. Asimismo, cuestionó que el resultado de la “privatización frentista” de Pluna desemboque en “socialización de pérdidas e irregularidades de todo tipo“.

Por su parte, el presidente del Directorio nacionalista, Luis Alberto Heber, ironizó al recordar que al comienzo de este proceso “el Frente Amplio dijo que transformaría Pluna. Ahora debemos 300 millones“, afirmó.