El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, refirió a la convocatoria de los principales dirigentes de las gremiales rurales para que los productores presentaran recursos de inconstitucionalidad contra el ICIR, Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales.

Aguerre manifestó que la decisión de presentar el reclamo “es un derecho de cada ciudadano”. De acuerdo con información que publica el sitio de la Presidencia de la República, el jerarca aseguró que la cartera cuenta con informes jurídicos que avalan la constitucionalidad del tributo.

Continuó explicando que la aplicación del impuesto sobre los inmuebles con extensión mayor a dos mil hectáreas no afectó en modo absoluto a la producción. Señaló que pese a insertarse en un escenario de precios elevados, la producción de carnes, lácteos y soja ha crecido sustancialmente, incrementándose también el ingreso por ese concepto.

“Es cierto que se incrementaron los precios de los productos, pero también hubo un aumento de la producción; creo que cualquiera que ande por las carreteras del Uruguay y vea los camiones, los silos, las plantas instaladas, no puede dejar de apreciar un agro muy dinámico, más allá de que los números vistos en períodos muy cortos digan lo contrario”, comentó.

El elemento en que se fundan las gremiales rurales como la Asociación Rural del Uruguay o la Federación Rural está en que violenta la autonomía de los gobiernos departamentales. Entienden que los impuestos a la propiedad de la tierra deben de ser impuestos por las comunas y que estas deben de decidir sobre los destinos de esos fondos.

En el caso del ICIR se grava progresivamente a los predios con mayor extensión y la recaudación anual estimada en unos 60 millones de dólares debe destinarse al mantenimiento de la caminería rural.