Hasta ahora todas las informaciones que se habían vertido sobre el dragado del Canal Martín García atendían a un hecho en particular, las demoras. Pero en las últimas horas gracias a algunas versiones de prensa y como consecuencia de las implicancias que puede tener hacer oídos sordos frente a una situación de estas características,  la palabra “coima” se sumó al debate.

Desde 1991 la firma holandesa Boskalis (Riovia) trabaja en el mantenimiento del Canal Martín García. En momentos en que resulta clave tener una definición para la concesión definitiva del dragado y ensanche del mismo, el contrato con dicha empresa llegó a su fin.

Las decisiones se toman en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARP), órgano bilateral que refleja las mismas diferencias que existen entre los gobiernos de Argentina y Uruguay.

Tal es así que la delegación argentina se opuso a la realización de un llamado para conocer precios, aún a sabiendas de que hay otra compañía, también holandesa, Van Oord, que ofertó con una propuesta de precio sensiblemente inferior a la de Riovia. Si esta última realizaba las obras con un presupuesto de 12 millones anuales, Van Oord ofertó por 9. ¿Qué pasó para que se decidiera no cambiar?

Aparentemente un funcionario de Riovia se habría hecho presente ante delegados de ambos países en el seno de la CARP con un sobre con dinero a cambio del mantenimiento de la concesión. Más precisamente un millón de dólares. La información se conoció porque el representante uruguayo, objeto del intento de coima, la rechazó y lo comunicó a las autoridades del órgano bilateral, y hasta el propio canciller Luis Almagro tuvo conocimiento de la situación. Los argentinos, en cambio, no la habrían rechazado.

Uruguay votó en favor de Riovia, y ni siquiera se consideró la oferta de Van Oord. Como si no fuera ya suficiente, Riovia solicitó un aumento en su cotización del servicio del 40%. Primero había pedido subir el caché a 19 millones, y luego decidió firmar por 15 millones de dólares. Uruguay había planteado que en el peor de los casos sólo podría haber subido hasta 13, lo que ya parece ilógico considerando que había una oferta por cuatro millones menos.

Todo se disparó tras una denuncia del diputado colorado por Vamos Uruguay, Juan Manuel Garino. Desde el gobierno nacional se afirma no tener pruebas de los hechos. El presidente de la República, José Mujica dijo: “El que esté diciendo eso que lo lleve inmediatamente a la Justicia Penal y si no se calla la boca”.

En fin, el dragado sigue siendo algo entreverado, ahora cubierto por un manto de suspicacias que dejan en evidencia toda negociación en el seno de la CARP.

¡Ah! Faltaba sumar un detalle para completar la situación en torno al órgano bilateral, el presidente de la delegación argentina, Hernán Orduna, fue procesado sin prisión por defraudación.