Cancillería está obligada a pagar cientos de miles de dólares a un funcionario diplomático uruguayo tras un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que determina que fue removido de su cargo injustificadamente.

Tabaré Bocalandro era funcionario diplomático de la misión permanente (embajada) de Uruguay en Italia al momento de que llegó el pedido de la Justicia uruguaya para la tramitación de la extradición del militar retirado, Jorge Tróccoli. Bocalandro fue señalado por la Cancillería como el principal responsable de la presentación tardía de la solicitud de extradición a la Justicia Italiana, por lo que fue Tróccoli fue liberado.

La sentencia del Tribunal le atribuye todas las competencias al entonces Jefe de Misión, Carlos Abín, quien se encontraba en Barcelona al momento de la llegada de la solicitud, sin haberlo comunicado a nuestra Cancillería.

Bocalandro fue suspendido en el cobro de su sueldo por cuatro meses, y fue obligado a retornar al país de su trabajo en la misión en Italia, impidiéndole que concurriera a trabajar en cualquier otro destino por un plazo de cinco años. De esta manera Cancillería debe ofrecer al funcionario una compensación por lo que dejó de ganar al ser relevado de su cargo, además por daño moral. Si no alcanza un acuerdo en el monto, Bocalandro puede emprender acciones civiles basándose en la sentencia del TCA.

El documento con el fallo del órgano de contralor establece que “El único responsable por la Misión Diplomática era el Dr. Abín, quien con su negligente comportamiento la dejó acéfala, provocando en definitiva las graves consecuencias que se le imputan al demandante”.

Continúa diciendo que “al no haber sido temporalmente impuesto de las funciones de Jefe de Misión”, Bocalandro no estaba en condiciones de diligenciar el exhorto, “por lo que no se configura la responsabilidad que se le imputa”.