La Comisión creada por la bancada oficialista en la Cámara de Diputados recibió ayer al ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y al Director General de Rentas, Pablo Ferreri.

Las autoridades explicaron a los legisladores los pormenores del proyecto que prevé la rebaja del IVA. Les anunciaron también que una vez aprobado el proyecto enviarán otro que regulará el uso de las tarjetas de crédito y de débito.

En ese sentido el ministro reclamó a los legisladores de su partido el otorgamiento de un trámite rápido a la iniciativa porque de no hacerlo se estaría afectando el proceso de bancarización hacia el que se pretende avanzar.

El diputado Doreen Ibarra explicó al diario El País que Lorenzo adelantó el envío del mencionado nuevo proyecto, y que ya se está negociando con las empresas emisoras de las tarjetas para que se reduzcan los costos y aranceles por concepto de unos de las tarjetas de crédito o débito.

En la reunión se informó además que el Poder Ejecutivo firmará un decreto por el cual se otorgará exoneraciones impositivas a los comerciantes para que adquieran los implementos necesarios para proceder al descuento del IVA.

Por su parte el diputado Alejandro González, del Espacio 609, afirmó que “la señal política que queremos dar es que el FA tenga un proyecto antes de fin de año. El debate que generó me parece que es importante y reivindicamos la idea de que en la izquierda se debata”.

La rebaja del IVA no es lo único que propone el proyecto, también incluye la eliminación de 1% por concepto de impuesto a la venta de semovientes que recibían los gobiernos municipales. Se prevé reintegrar esa falta de recaudación a la comunas con un traslado de recursos desde Rentas Generales.

González en ese sentido estableció que desde su agrupación política se prefiere que esta solución se defina aparte de la rebaja del IVA, y que se vincule a la posibilidad de creación de un impuesto sobre infraestructura.

Este impuesto para mejorar la infraestructura fue definido por el presidente de la República, José Mujica, como “el que rompe paga”. Esta iniciativa también se discute en la interna del gobierno, puesto que el ICIR (Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales) ya prevé parte de su recaudación para caminería e infraestructura.