EL DIARIO

Viernes, 18 de Setiembre del 2020

Amnistía Internacional: Crímenes De La Dictadura Son Imprescriptibles

Por Martín Cajal, el 27 septiembre, 2011

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En el día de ayer AI (Amnistía Internacional) presentó un informe en el que sostiene que los crímenes cometidos durante la dictadura en Uruguay (1973-1985) no fueron delitos comunes, por lo que no pueden estar sujetos a prescripción alguna, a pesar de lo que señala la SCJ (Suprema Corte de Justicia).

Uruguay: los crímenes de derecho internacional no están sujetos a prescripción“, así titula la organización defensora de los derechos humanos su trabajo, en que señala que todos los crímenes cometidos por la dictadura, que incluyen torturas, asesinatos y desapariciones forzadas, deben ser puestos ante la Justicia sin impedimentos, ya que no se trata de “delitos comunes u ordinarios”.

La AI consideró que la decisión de la SCJ es contraria al derecho internacional, al permitir la prescripción de esos delitos, además de suponer un “peligroso precedente” para futuros casos de delitos de derecho internacional, que podrían ser “susceptibles de prescripción en Uruguay”.

La organización indica, además, que Uruguay, como Estado, se obligó a condenar delitos en su legislación como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, la tortura y las desapariciones forzadas, antes de que esos delitos se cometieran en Uruguay a partir de 1973.

Por eso señala que la SCJ estaría equivocada al considerar que no se puede juzgar por el delito de desaparición forzada a quienes lo cometieron en Uruguay por ser “un delito creado contemporáneamente“.

El informe, en un momento, apunta: “Como Estado Parte en la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, Uruguay se encuentra obligado a no aplicar la prescripción a los crímenes antes señalados, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido”.

De ahí que la AI pidió al Gobierno uruguayo que envíe lo antes posible una ley al Parlamento para enmendar el Código Penal en lo que refiere a la prescripción y que subraye la imprescriptibilidad de los delitos comunes y ordinarios “que constituyan graves violaciones a los derechos humanos”, sin importar cuándo se cometieron.

El 20 de noviembre de este año es la fecha que la SCJ fijó como límite para juzgar los delitos de la dictadura, al considerarlos “ilícitos comunes muy especialmente agravados” pero no de lesa humanidad.

Tiempo atrás, la SCJ había determinado que el período de la dictadura no debe ser considerado para determinar la prescripción, debido a la falta de garantías y toma como referencia la fecha del 1 de marzo de 1985, cuando se recuperó la democracia.

Ante esta situación, el PIT-CNT y varias organizaciones de derechos humanos presentaron ante el Parlamento un anteproyecto de ley contra la prescripción de los delitos de la dictadura. En el texto presentado se pide expresamente que Uruguay cumpla con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en marzo pasado para el caso de Gelman, que apuntó a la responsabilidad del Estado en la desaparición en 1976 de la familia de Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman.

En concreto, la sentencia de la Corte señala: “El Estado deberá asegurar que aquella (la Ley de Caducidad) no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos en materia del presente caso ni para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos y de otras graves violaciones de derechos humanos similares acontecidas en Uruguay” y que tampoco “se apliquen otras normas análogas del ordenamiento jurídico interno que excluyan la responsabilidad penal”, como la prescripción, la no retroactividad de la ley penal o la cosa juzgada.

EFE

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