La resolución de la DGI (Dirección General Impositiva) por la que se exige a instituciones de enseñanza privada y clubes deportivos a dar información sobre lo que gastan los clientes que superan cierto nivel mínimo “tiene sustento” en el Código Tributario, según señaló el director del organismo, Pablo Ferrari, al programa Entre Líneas de TCC.

Ferreri dijo que el Literal E del artículo 68 de ese marco normativo habilita a la administración a “requerir información a terceros“. Esta resolución entrará en vigencia el 1º de enero de 2012 y la información deberá ser volcada a partir de abrir de 2013, “o sea recién dentro de un año y medio“, dijo y advirtió que en caso de no aportar los datos se le aplicarán sanciones, según declaraciones que recoge El País.

El artículo 68 citada por Ferrari establece:

La Administración dispondrá de las más amplias facultades de investigación y fiscalización y especialmente podrá…

Y el apartado E precisa:

Requerir informaciones a terceros, pudiendo intimarles su comparecencia ante la autoridad administrativa cuando ésta lo considere conveniente o cuando aquéllas no sean presentadas en tiempo y forma.

Sobre el motivo de  esta resolución, el jerarca había explicado: “A nosotros no nos interesa en qué se gasta o las cuestiones personales, nos interesa la capacidad contributiva que tiene el obligado al pago. El problema no es si se gasta $ 13.000 en un hijo o en cinco, el tema es que gasta $ 13.000. Lo que interesa ver es su capacidad económica. Eso después se contrastará con el pago de IRPF“.

Vale aclarar que no serán todas las instituciones las que deban pasar la data a la DGI, sino que las que tendrán “la obligación de informar” son aquellas que sus clientes pagan al año como mínimo $ 68.256 (si se trata de un club deportivo), lo que equivale a $ 5.688 por mes, o $ 159.264 (si es un colegio o una universidad privada) al año, lo que equivale a $ 13.272 mensuales.

La información que se pedirá será: quién es el cliente, su nombre y apellido, domicilio, cédula de identidad, DNI o pasaporte y su importe total anual documentado. Esos datos deben enviarse por más que “los importes correspondientes se encuentran pendientes de pago, total o parcialmente”.

Respecto a las críticas, Ferrari reconoció que han trabajado “desde mayo para levantar todas las observaciones que nos plantearon desde las asociaciones de colegios y la Unidad Reguladora de Datos”. Además, dijo que esta medida en realidad “no es nueva”, sino que se trata de una “reglamentación aggiornada para poder cumplir con los requerimientos que emergen de la necesidad de fiscalizar un impuesto personal”.

En este sentido, recordó: “Hace dos años solicitamos los datos de las compras de vehículos de más de US$ 40.000 y de los inmuebles por encima de US$ 250.000. Y esos casos fueron contrastados con las declaraciones de ingresos y en muchos de ellos hubo incongruencias flagrantes” y puso como ejemplo que había “personas que compraban vehículos de US$ 60.000 y presentaban ingresos de $ 20.000 mensuales“.

Actualización: Información a La DGI, Colegios Laicos No, Católicos Sí