EL DIARIO

Martes, 14 de Julio del 2020

El Error De Una Patente Única

Por Alberto Scavarelli, el 16 agosto, 2011

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Volvemos hoy a sostener como hace años,  que no es justo que el propietario de un mismo automóvil, pague lo mismo si lo empadrona en una precaria localidad del interior que permanentemente le destroza su vehículo entre pozos y charcos, que otro idéntico en departamentos con una aceptable infraestructura vial.

Esto en nuestra opinión, se trata de una absoluta INJUSTICIA.

La patente de rodados, no es un impuesto a la manifestación de la riqueza, sino una forma de contribuir al pago del mantenimiento de la infraestructura vial del Departamento donde está empadronado, en virtud del uso de la misma. Es efectivamente un pago en contraprestación a la habilitación del uso de la infraestructura vial.

Por algo si usted entrega a la Intendencia las llamadas chapas de matrícula, automáticamente deja de pagar la patente de rodados. Sencillamente porque al no estar habilitado a circular, no tiene que pagar por lo que no puede usar. Así de simple.

Pruebe a entregar la llave de su casa, y vea si le suspenden el cobro de la contribución inmobiliaria.

No lo intente, lo que está gravado en la contribución inmobiliaria es la propiedad del inmueble, por eso, use o no la vivienda, la contribución se debe pagar igual porque se sigue generando la obligación de pago. Con la patente de rodado, en cambio, si usted entrega las chapas, aun cuando sigue teniendo la propiedad del vehículo, deja de estar habilitado a circular por las calles, y simplemente deja automáticamente de pagar la patente, y eso es justo.

La relación uso de la red vial con el pago de la patente de rodados es evidente.

Cada intendencia debiera cobrar en función de la ecuación entre el valor del vehículo y el índice de la infraestructura vial departamental brindada en contraprestación.

El contribuyente debería pagar en función del valor de su vehículo, y cada intendencia cobrar por el valor comparado de su oferta en infraestructura vial departamental.

Es muy fácil saber cuantos quilómetros de vía pública están debidamente pavimentados. Es muy simple establecer el índice de desarrollo vial de cada departamento, y no caer en esta injusta simplificación de imponer de espaldas a la realidad, que todo auto de igual año y marca pagará la misma patente en todas partes sin considerar las diferencias de la calidad de la infraestructura de cada departamento. Aplicar como se pretende, una patente de valor único en función del vehículo sin considerar la diferencia el índice vial de cada zona, su pavimento y servicios al tránsito, es una absoluta injusticia con el contribuyente.

Imagine que se debieran pagar los mismos impuestos donde debe andar entre basura, sin veredas, por donde corren aguas servidas y todavía se quisiera cobrar impuestos como si se viviera en una zona con saneamiento, iluminación, locomoción cercana, limpieza, pavimento, veredas y plazas transitables.

Si lo que se busca es evitar la patología, de quienes empadronan en otros departamentos donde la patente es más barata, para luego vivir y circular en otro donde es más cara, debe aplicarse un correcto  sistema de contralor, para quienes abusan haciendo que otros paguen la infraestructura vial del departamento en que circulan y viven, mientras ese supuestamente listo, se beneficia empadronando lejos, donde no vive ni circula pero le resulta más barato.

Cuanto gasta anualmente esa familia en localidades donde la red vial está en mal estado o no existe, por mantenimiento y reparación de su vehículo, por responsabilidad de la administración Cuanto pierde además del valor del vehículo si se compara con quien vive y circula por ejemplo en el centro de Montevideo. Como puede considerarse justo que ambos paguen la misma suma por  patente de rodado.

Necesariamente debe haber tasas diferenciales según los Departamentos de acuerdo al  índice de desarrollo vial departamental de cada uno.

Debe terminarse esta guerra de patentes protegiendo el superior derecho de las personas a las que la administración en se debe. Ninguna administración es un fin en sí mismo. La garantía es la justicia tributaria.  Toda administración en un estado de derecho democrático, debe ser siempre un instrumento de servicio a la comunidad y no al revés.

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