EL DIARIO

Martes, 11 de Agosto del 2020

Caso Nin

Por Manuel Flores Silva, el 9 agosto, 2011

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Los senadores colorados se equivocan

Si un orgullo tengo es que alguien puede ser tan colorado como yo pero nadie más. Y esto no es meramente declarativo sino que ha pasado las pruebas de la vida. Ella ha querido, en su arbitrio, que probablemente nadie haya recibido entre los militantes del Partido Colorado las ofertas políticas que hemos recibido desde fuera del Partido. Al mismo tiempo que a nadie la mayoría circunstancial del Partido, en su época, y luego que les rechazamos el oro y el moro en materia de ofrecimientos, atacara con más saña e injusticia que a nosotros (escribiré sobre esto, para ilustración de los jóvenes, dentro de poco tiempo). Es decir, colorado probado en todas las lides.

Hace 22 años que no soy candidato en ninguna elección de autoridades nacionales, porque el Partido durante ese tiempo no ha sido lo suficientemente republicano a nuestro gusto y, sin embargo, nunca hemos desfallecido en nuestra militancia colorada.

Es, pues, desde esa posición de lealtad al Partido Colorado que escribiremos estas líneas, de lealtad a sus ideas, a sus valores, a la idea de república que siempre debe encarnar, la misma que lleva la transparencia pública en su eje conceptual. De lo que diremos, asimismo, nada buscamos que sea menoscabante para el Senador Rodolfo Nin, contra quién nada nos anima. Nos referiremos simplemente, altratamiento político de un caso judicial público.

Pensamos, por las razones que se verán, que ha hecho mal la bancada de Senadores del Partido Colorado en no votar el levantamiento del fuero legislativo al Senador Nin. Su procesamiento fue pedido por la fiscalía competente, por irregularidades que la sede penal considera muy graves, respecto a las declaraciones patrimoniales a las que está obligado por ley.

Tenemos el máximo respeto por todos y cada uno de los senadores colorados, además de amistad con algunos de ellos. Es simplemente una discrepancia política de un colorado del llano, con sus representantes. Creemos que debieron votar afavor del desafuero y votaron en contra, salvo el Senador Amorín, que no votó ni a favor ni en contra y se retiró de sala.

Nin

En las declaraciones juradas del Senador Nin ante la llamada Junta Anticorrupción,declaraciones que deben realizar todos los políticos, la sede judicial encontró irregularidades en los años 2000, 2002, 2004, 2005, 2007 y 2009. Copia del expediente está en el Parlamento.

Las irregularidades que dice haber encontrado la sede penal, se refieren a reiterados casos de subdeclaración de ingresos (2000, 2002, 2005, 2007), a reiterados casos de omisión de declaración de bienes (2000, 2002, 2004, 2005, 2007), a declaración de bienes no gananciales como gananciales (es decir sostuvo tener el 50% debienes de los que tenía el 100%) (2007). Además de otros tópicos que la sede judicial también empezó a investigar. Sobre estos temas la jueza competente mandó oficio al Vicepresidente con preguntas, según hace posible una Acordada de la Suprema Corte, y no sólo no recibió respuesta sino que un miembro de la Corte llamó a la jueza para que se apartara de la Acordada de la Corte y no lo remitiera preguntas al Vicepresidente. Se sabe en todo el sistema judicial.

Una compleja investigación, que además de judicial ha sido periodística (Semanario Brecha), apunta a la situación económica de alguien que tenía un patrimonio neto negativo de 400.000 pesos cuando asume el Senado en el año 2000 y pasa atener un patrimonio neto positivo de 5.500.000 de pesos en 2009. Esto incluye en el camino, la compra de un campo, la construcción de una casa importante, etc.. Ysegún sostiene la sede penal, no hay dos declaraciones anuales que tengan ilación. La sede judicial, en mi opinión, vistos los antecedentes, tenía derecho a terminar su investigación. El Senado le birló ese derecho. No se trataba, en principio, de un par de episodios menores sino de una conducta reiterada y sistemática.

Es obvio que la ley de la Junta Anticorrupción prevé la sanción de estas situaciones, pero desde dicha Junta lo que salió, irregularmente, fueron palabras en defensa del Senador Nin.

Esto constituye un buen argumento para sostener que esa Junta no debe depender del Poder Ejecutivo, porque el controlador dependiendo del controlado, no es buena cosa en ningún lugar.

Demasiados Fiscales

Como indicamos hace muchos años, el Uruguay es el único país de Latinoamérica cuyos fiscales dependen del Poder Ejecutivo. Una anomalía antirrepublicana que afecta la separación de poderes y permite la ingerencia de muy diversas formas, desde el Poder Ejecutivo, en la autonomía técnica de los Fiscales. Y con ello, la injerencia del Poder Ejecutivo en el proceso judicial. Indefendible.

En este caso, se trataba justamente de juzgar a la segunda jerarquía del Poder Ejecutivo, el Vicepresidente de la República, a su vez, primera jerarquía del Parlamento.

¿Qué pasó, entonces? Los fiscales del caso se fueron sucediendo de modo prácticamente mágico. La primera Fiscal estudió el caso… pero no pudo seguir porque fue ascendida. El segundo Fiscal estudió el caso… y se declaró incompetente. El tercer Fiscal estudió el caso… y fue cambiado de destino. Digamos que, la sede fiscal estaba algo esquiva. El cuarto Fiscal estudió, estudió… pasó el tiempo… y… pidió el procesamiento. En ámbitos fiscales se comentaba claramente que no cabía otra posibilidad.

En los mismos ámbitos fiscales se comenta ahora, que ante el reciente pronunciamiento del Senado, la Fiscal Adjunta del caso –una conocida y calificada Profesora de Derecho Penal de UDELAR, siempre relegada por el Fiscal de Corte Peri Valdés primero y por los últimos gobiernos después- se retiró del servicio público, totalmente decepcionada.

Demasiado Jueza

Naturalmente, la jueza del caso, Dra. Fanny Canessa, fue presionada de diferentes modos e incluso con investigaciones a su vida personal de manera flagrante. Lo sé, en mi carácter de periodista, de modo totalmente seguro y veraz.

Como no pudieron encontrar nada que la desgastara o descalificara, la intentaron presionar con el siguiente asunto: un menor recluso que había sido golpeado salvajemente en dos oportunidades, en el Centro Nacional deRehabilitación (CNR) por otros reclusos, en el lapso de 24 horas, fue muerto a la semana siguiente, pese a que, aún cuando la Jueza Canessa, entonces de turno, había dispuesto que el CNR protegiera al menor. Este joven fue muerto a la una de la mañana, siguiente turno a cargo de la Jueza Mariana Motta, a quien no le pareció oportuno concurrir al lugar de los hechos. Obviamente no son las horas de las marchas públicas, a las que como se sabe, la Jueza Motta gusta de asistir. Como la jueza no concurrió, el forense se negó a ir, también. No había Estado uruguayo, pues, para el muerto.

El caso volvió a recaer en la Jueza Canessa que, a poco que investigó, descubrió que el suicidio que se aducía, era en realidad un homicidio. Simplemente para empezar, se supo en todo el ambiente periodístico, que la corta estatura del menor, le impedía de todos modos llegar a la altura del lugar en el que supuestamente se habría colgado. Muy burdo.

Llegó entonces la advertencia del Poder Ejecutivo contra la Jueza Canessa. Jorge “el perro” Vázquez –un hombre que un día se consideró con el derecho de secuestrar a otro y ahora tiene por intención secuestrar la vida privada de todos los uruguayos- en su carácter de Ministro interino del Interior, denunció penalmente a la Jueza Canessa, a la Fiscal que acaba de retirarse, según anotamos más arriba, y al actuario del Juzgado por malos tratos (verbales) a la jefa del CNR. A todos.

Una locura jurídica con intención claramente intimidatoria: la de convertir a una jueza que molesta al poder en acusada penal. Sin base alguna, la canina acusación fue archivada de inmediato.

En nuestra opinión, el Senado no estuvo a la altura institucional que el país merece.Y el poder se sacó el gusto, una vez más, de podernos a todos. La república cruje.

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